Denuncio a los responsables de una sociedad para paralizar un pleito civil en el que le reclamaban dinero
ZARAGOZA. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al guardia civil Manuel Perez como autor de un delito de acusación falsa al pago de una multa de 4.800 euros. Además, deberá indemnizar con 2.000 euros a las dos personas a las que perjudicó con su actitud. La sentencia considera probado que el 9 de octubre de 2012, Manuel Perez, a sabiendas de que faltaba a la verdad, presentó una denuncia en un juzgado de Tarazona contra el administrador y el gerente de una sociedad mercantil y se implicaba a un comercial. En ella aseguraba que le habían demandado civilmente por incumplimiento de un contrato que él «no había visto nunca» ni lo había «firmado» y que la rúbrica que figuraba en el mencionado documento era falsa.
A consecuencia de esa denuncia, el juzgado de Tarazona abrió diligencias contra los responsables de la sociedad y el comercial tuvieron que declarar como imputados por un presunto delito de falsedad. Además, el juicio que habían presentado por vía civil en el que le reclamaban 27.122 euros fue suspendido a la espera de que se resolviera la denuncia penal. Esto no sucedió hasta el 3 de abril de 2014, cuando se dictó un auto de archivo en el que se afirmaba que:
las firmas que el denunciante decía que le habían falsificado los imputados han resultado ser suyas.
A raíz de este auto se reanudó el pleito civil, que concluyó con una sentencia dictada el 2 de diciembre de 2014, y confirmada por la Audiencia Provincial el 16 de abril de 2015, en la que se condenaba a Manuel Perez a abonar a la sociedad de los demandantes con 27.122 euros.
Tres años después de que pusiera la denuncia, la Audiencia le ha condenado por acusación falsa.
El tribunal lo ha absuelto, no obstante, del delito de estafa procesal del que también había sido acusado al entender las victimas que había abusado y utilizado la justicia para sus intereses. Los magistrados de la Sección Tercera consideran que aunque el acusado actuó de forma torticera para paralizar un pleito civil y demorar el pago de una cantidad de dinero, no engañó al juez ya que cuando reanudó el procedimiento, atendió las pretensiones de los denunciantes y obligó a Manuel Perez a indemnizarles con 27.122 euros. No obstante, a fecha de hoy, según puso de manifiesto en el juicio el letrado de la acusación particular, Alberto Cervera, no ha satisfecho esa cantidad. El fain le obliga a indemnizar con 1.000 euros a los dos denunciantes (el gerente y administrador) ya que el comercial no reclamó.
Fuente: Heraldo de Aragón
