Cubero declara que autorizó la apertura de la carpa porque el técnico dijo que era correcta
- Rechaza ante el juez cualquier responsabilidad en el accidente que hirió a una mujer en la Oktoberfest
- Tanto él como el jefe de su oficina se escudan en los certificados presentados por ingenieros de que todo estaba bien
ZARAGOZA. El concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, y el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Enrique Asensio, eludieron ayer ante el juez cualquier responsabilidad sobre el accidente ocurrido el 8 de octubre de 2016 en la carpa de la cerveza, que casi le cuesta la vida a una mujer al caerle una viga en la cabeza. Ambos comparecieron ante el magistrado como investigados por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave y los dos coincidieron en señalar que si estamparon sus firmas autorizando la apertura de la carpa fue porque los «técnicos» les aseguraron que todo estaba correcto y conforme a la ley.
Alberto Cubero, en una declaración que no se extendió más allá de media hora, quiso dejar claro que él solo firma los informes que le dicen que son favorables. En este caso, explicó que autorizó la licencia de apertura de la Oktoberfest una vez que Enrique Asensio se la entregó con su propuesta favorable.
Asensio, por su parte, responsabilizó al ingeniero que contrató la empresa que montó la carpa -Sergio E., también investigado-, el cual certificó que todas las obras se habían hecho bajo su dirección de forma correcta. También señaló al técnico del Servicio Contra Incendios del Ayuntamiento que inspeccionó la carpa y emitió un acta asegurando que las instalaciones se «ajustaban al certificado» presentado por la empresa.
Alberto Cubero se esforzó por hacerle ver al juez que él solo firma lo que le dejan en la mesa una vez tiene el visto bueno de los técnicos, y que no conoce al detalle los expedientes pues solo supervisa la última propuesta. Aseguró que ignoraba si se incumplieron los plazos que marca la normativa municipal para montar la carpa y que no sabía si estaba totalmente levantada 72 horas antes del accidente. Igualmente dijo no saber si el Ayuntamiento tiene obligación de revisar su estructura ni si los bomberos tienen que informar o no cuando firma la licencia de apertura. En definitiva, mantuvo que su intervención se limita a comprobar que el expediente se ha tramitado. Lo que sí reconoció Cubero es que después del acci-dente, en la junta de portavoces del Consistorio se ha comentado que hay que «mejorar el procedimiento» para otorgar este tipo de licencias.
Ya se había supervisado
Por su parte, Enrique Trebolle, abogado de Enrique Asensio, defendió que la actuación de su cliente fue la correcta y que sus «decisiones administrativas» no podían ser otras distintas a las que tomó. «Tenía el visto bueno con el certificado de fin de obra del ingeniero de la empresa (Desarrollo de Espectáculos y Acontecimientos, Idea S. L.), y el certificado del Servicio de Extinción de Incendios dando por buena toda la situación de la carpa», ex¬puso. «¿Qué más le podemos pedir? ¿Una supervisión de una supervisión?», se preguntó. «Ya se había supervisado. Había un ingeniero, un servicio de prevención y se siguió con arreglo a to-do lo que exige el reglamento de la DGA y vemos que es todo correcto», se contestó.
Tras escuchar sus testimonios, el juez Rafael Lasala tiene previs¬to citar al técnico del servicio de incendios y está esperando un in¬forme pericial encargado tras el siniestro.
MARTA GARÚ
«Si no se leen los expedientes, creo que deberían suprimirse bastantes cargos en el Ayuntamiento»
ZARAGOZA. El abogado de la víctima del accidente está convencido de que el Ayuntamiento nunca requirió a los responsables del montaje de la carpa un informe sobre su estructura. También cree que la empresa incumplió los plazos que la ley exige para instalar el recinto (fueron mucho más cortos de lo requerido) y que el Consistorio lo permitió. En concreto, mantiene que se dio el visto bueno dos días antes de que se abriera al público y se montó en poco tiempo, cuando la legislación requiere presentar la documentación con un mes de antelación. A su juicio, estas circunstancias y el hecho de que faltaran 11 vigas en la estructura -algo que se apreciaba a simple vista- ocasionaron el accidente.
Alberto Cervera, que ejerce la acusación particular junto a Oscar Frontiñán, calificó de «lamentables» y «contradictorias» las declaraciones prestadas ayer ante el juez por el concejal Alberto Cubero y el jefe de su oficina económico-jurídica, Enrique Asensio. Respecto a este último, dijo que reconoció que en el certificado de fin de obra «sí que se exige» que la carpa tenga una «estructura correcta» pero luego no se lee el proyecto porque que el Ayuntamiento «no tiene la obligación de hacerlo». «Es absolutamente absurdo», manifestó. Cervera cuestionó que el expediente se base exclusivamente en la declaración «unilateral» del ingeniero de la empresa» y que luego pasen varios técnicos municipales y «ninguno» se lea su certificado. «Hasta el propio juez le ha dicho que si es un cargo del ayuntamiento y su misión es coordinar y dar el visto bueno favorable, debería leerse los expedientes», señaló. «Si no lo hacen, creo que deberían suprimirse bastantes cargos en el Ayuntamiento», dijo. Añadió que la norma exige que debe haber un control de la estructura. «La realidad es que no hubo ninguno, no ya de inspección ocular, ni siquiera documental», aseveró.
EL ACCIDENTE
8 de octubre de 2016. Una mujer resultó herida muy gra¬ve al caerle en la cabeza una viga de 4,9 metros desde una altura de 6. La Policía llegó a la conclusión de que de las 288 riostras que debía tener la es¬tructura faltaban once, seis en la misma fila en la que se en¬contraba la que se soltó.
La norma. El decreto del Gobierno de Aragón que regula los espectáculos públicos es el 16/2016 de 4 de febrero. En él se dice que compete al ingeniero de la empresa emitir un certificado sobre la «solidez de las estructuras» y que la solicitud de autorización para montarlas se presentará con una antelación mínima de un mes.
Fuente: Heraldo de Aragón